Los avances que mundialmente han tenido las ciencias como la medicina, la cibernética, la robótica y la aeronáutica en la búsqueda de nuevas maneras de prevenir y curar enfermedades, en pos de fuentes de energía sustentable, de expandir el conocimiento del universo, no habrían sido posibles sin la inversión de capital realizada por dependencias estatales y la iniciativa privada para permitir el trabajo de la comunidad científica.
En México, si bien la inversión pública en ciencia y tecnología es del 0.4% del Producto Interno Bruto —cuando lo recomendado mundialmente es de al menos el uno por ciento—, la comunidad científica es dinámica. Algunos estudios —y científicos— han sido reconocidos internacionalmente —Mario Molina con el Nobel de Química en 1995, por ejemplo— y el Sistema Nacional de Investigadores cuenta con casi ocho mil miembros. Miles de líneas de investigación se encuentran abiertas en distintas áreas del conocimiento, susceptibles de ser aprovechadas para impulsar el desarrollo del país.
Ante la posibilidad de cambio en las políticas públicas nacionales al respecto, científicos como Ruy Pérez Tamayo han vislumbrado tres panoramas. Uno pesimista, en el cual el Estado continuará sin invertir significativamente en este ámbito y disminuyendo las becas para jóvenes científicos; otro optimista, en el que se destinarían más recursos a la educación pública, se promovería un proyecto de desarrollo nacional, habría empleo garantizado, un progreso de crecimiento de la sociedad y mayor interés en la ciencia por parte de los ciudadanos. Y el realista, fundado en el devenir histórico de las ciencias en México, en el cual la sociedad civil —a través de universidades privadas, organizaciones no gubernamentales, entre otras instituciones— continuará instando a las autoridades a asumir cabalmente su deber de apoyar este sector, y continuará apoyando a la comunidad científica.
En esta ocasión, El Jolgorio Cultural ha invitado a científicos de diferentes especialidades a compartir su opinión sobre la necesidad de que el Estado reconozca la importancia de las ciencias y la tecnología, considerando su dimensión social y política.