A lo largo del siglo XIX se realizaron varios esfuerzos oficiales para fomentar la colonización y poblar el territorio nacional; después de la Revolución, la política agraria formó ejidos y colonias para atender la demanda de tierra de los campesinos. En el caso del Istmo de Tehuantepec, la intensa migración ha ocasionado que la región de los Chimalapas, constituida por los municipios de San Miguel y Santa María, esté compuesta por una población heterogénea.
La apertura del puerto de Salina Cruz y la construcción del Ferrocarril Nacional de Tehuantepec, a finales del siglo XIX, fomentaron la explotación intensiva de la selva, gradualmente destruida por la extracción de maderas finas (caoba y cedro) y de durmientes, así como por el establecimiento de ranchos ganaderos en los municipios de Tapanatepec, Zanatepec, Niltepec, Guichicovi y Matías Romero. Las empresas estadounidenses, que colonizaron la zona a principios del siglo XX, fueron afectadas durante el reparto agrario cardenista. Con sus propiedades se conformaron ejidos.
Todo esto generó flujos de migración a regiones despobladas. Por ejemplo, al oeste del municipio de Santa María Chimalapas, en tierras que finqueros abandonaron por la Revolución, se fundó Boca del Monte como ranchería (1930) y después como ejido (1944), poblada con mixes que llegaron de San Juan Guichicovi y posteriormente con campesinos de Veracruz y Oaxaca. Tierra Blanca fue establecida en 1956 por zoques de la cabecera municipal de Santa María; luego con gente de Guerrero, indígenas de San Miguel Chimalapas, la Mixteca y la región del bajo Mixe, que llegaron después de la apertura de la brecha que construyó la empresa Primavera, Cedro y Caoba (PRICECA). Allí los campesinos tuvieron conflictos con PRICECA que afirmaba invasión de sus terrenos. En tal contexto los pobladores comenzaron la defensa de esa porción del territorio comunal. Procesos similares se presentaron en la creación de Vistahermosa, Chalchijapa y Chichihua, integradas con veracruzanos, mixes y zoques.
A finales de los años 40 y principios de los 50, la zona de los Chimalapas aún era propiedad de empresas norteamericanas. Habitada por zoques, era una selva virgen con reservas forestales tropicales y tierras de muy buena calidad para el cultivo. Hacia 1947 el arribo de compañías madereras a la zona oriente generó invasiones. Por ejemplo, en 1954, cafetaleros de Pochutla y Juquila constituyeron la Sociedad Agrícola Ganadera Benito Juárez para colonizar los Chimalapas. La organización no tuvo éxito: tres años después, con un decreto oficial sobre tierras, el gobierno federal expropió a los Chimas, benefició a la colonia agrícola y ganadera Cuauhtémoc, y se declararon de utilidad pública varios predios de Santa María, que habían sido propiedad de la Mexican Land Co., St. Paul Tropical Development, John N. Free y Cecile Oest, con una superficie de 40 mil hectáreas.
En esos años llegaron al Istmo colonizadores que, apoyados en la Ley de Tierras Ociosas (1920), ocuparon zonas para siembra y explotación forestal; una vez asentados buscaban legalizar la situación mediante contratos de compra-venta. Entre 1955 y 1958 la empresa The Mexico Land Securities Co. reclamó que cerca de 35 familias ocuparon parte de sus tierras en el pueblo de Sarabia. Su demanda para expulsarlas no tuvo éxito, por lo que vendieron las 130 mil hectáreas de la región maderera de Tutla y Sarabia (en los municipios de San Juan Mazatlán y San Juan Guichicovi). Poco después, en julio de 1961, el gobierno federal los expropió con el propósito de constituir nuevos centros, regularizar la situación legal de muchas colonias y atender la necesidad de tierras demandadas por campesinos de otras partes de Oaxaca. La Secretaría del Patrimonio Nacional indemnizó a los afectados. En el corto plazo tal expropiación benefició a cerca de dos mil 300 campesinos distribuidos en 24 localidades que en 1967 albergaban a 12 mil personas; entre ellos había zapotecos, mixes, chinantecos y, sobre todo, mixtecos.
La colonia Cuauhtémoc, en el norte de los Chimalapas, ha sido centro de dominación y acaparamiento de empresarios madereros legales y clandestinos que, debido a la falta de vigilancia y control, han sobrepasado las 40 mil hectáreas otorgadas para explotación. A pesar de la resolución presidencial de 1967, que después de un extenso proceso reconoció el derecho de propiedad comunal de los zoques de San Miguel y Santa María Chimalapas sobre 600 mil hectáreas en la selva (134 mil y 460 mil, respectivamente), han surgido dificultades políticas y legales que detienen el deslinde. Esto provoca conflictos por límites con Chiapas, indefinición en la tenencia de la tierra, depredación de recursos naturales y conformación de nuevos ejidos y ranchos ganaderos. Los Chimalapas han estado sujetos a intensos flujos de migración, a procesos de poblamiento e invasión de tierras, a permisos forestales promovidos por instituciones gubernamentales para que compañías madereras exploten los recursos naturales, aprovechando los problemas de límites estatales aún no resueltos.
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Acerca de autor:
Historiador. CIESAS Pacífico Sur. Artículo con la colaboración de Abraham Nahón.